En respuesta a la oferta de tala de entre 46 y 68 montes y una superficie entre 34.000 y 51.000 hectáreas de propiedad pública que Ecologistas en Acción ha denunciado, montes en venta entre los que figuran cuatro refugios de fauna toledanos, se trata de los montes el Dehesón del Encinar en Oropesa, Nava de Don Diego en los Navalucillos y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes, estos tres últimos que han sido recientemente desclasificados como refugios, para hacer su venta más fácil.

Nos vemos en la obligación de recordarle el artículo 45 de la Constitución española vigente:

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Y señalarle que:

El plan de enajenación de bienes de titularidad pública que ha impulsado la Consejería de Hacienda y en el que está colaborando la Consejería de Agricultura plan incumple las vigentes Leyes de Montes (estatal y autonómica) que sobre el régimen jurídico de los montes demaniales establecen que "Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables".

Además de que:

Si lo que pretenden es llevar a cabo una gestión forestal sostenible tienen 7774772 hectáreas de superficie en donde pueden llevar a cabo una labor autonómica de oferta de suelo para la reforestación FSC creando ecosistemas y economía, que podrían ser talados con el paso del tiempo de una forma selectiva y sostenible. Salvaguardando la seguridad hídrica de los acuíferos subterráneos castellano manchegos, la estabilidad de los ecosistemas que rodean las parcelas de aprovechamiento agrario o forestal, su mantenimiento y continuidad, así como de toda la inversión del sector primario castellano-manchego.

Por otro lado recordarle que:

Si lo que pretende es cobrar en negro de las ofertas de licitación por la concesión de la tala de los bienes públicos que supone el escaso patrimonio forestal de Castilla La Mancha, apenas un 2% de su superficie total; además de incurrir en un delito fiscal punible, está demostrando una gran pobreza moral y una carencia alarmante de interés por el bien común de los castellano-manchegos que le incapacitaría eticamente para seguir ejerciendo sus funciones como Presidenta al frente de la JCCM.

Y aunque no parezca estar en posición de aplicar política alguna para el bien común, por la naturaleza de los planes en los que colabora, nos tomamos la libertad de señalarle una traída de Suecia:

La fórmula es tan simple como el crear un fondo de tierras estatales que se pretende reforestar, crear una empresa pública que gestione el monte de forma sostenible, plantando más de lo que tala, una sociedad anónima, cuyo máximo accionista debiera ser una entidad sin ánimo de lucro o una fundación, y en la que esté recogida en sus estatutos que todos los inversores, ya sean públicos o privados, que pretenden obtener parte en el accionariado cedan una parte de su inversión a dicha entidad sin ánimo de lucro para que continúe como máxima accionista apoyando la Responsabilidad Social Corporativa y una gestión Racional, Sostenible y Ética de Bienes que son de Interés Público.

Con todo ello le instamos a que renuncien a los planes para privatizar Montes de Utilidad Pública de titularidad autonómica de la JCCM.